El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha mandado para que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita anterior para pedir protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales
La Corporación recibe quejas constantes sobre los inconvenientes para conseguir una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional y para realizar entrevistas de asilo en condiciones convenientes.
Además, las dificultades para obtener cita previa se han extendido a una multitud de trámites que deben efectuar los ciudadanos extranjeros en dependencias policiales de todo el territorio nacional, más allá del campo de la protección internacional.
En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta ahora para paliar esta situación prosiguen siendo insuficientes para dar contestación a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que también se efectúan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.
Esta situación se ha visto agravada por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, dado a que la declaración del estado de alarma supuso la imposibilidad de atención presencial y la acumulación de carga de trabajo.
Las protestas por las demoras excesivas para lograr una cita anterior no forman una novedad para la Institución, que lleva tiempo advirtiendo sobre los problemas y dificultades a los que se encaran los ciudadanos extranjeros por este motivo y que ha formulado varias resoluciones al respecto.
Así, en el último mes del año de dos mil dieciocho el Defensor dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un para que se entregase un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener constancia de que numerosos ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para lograr una cita para poder solicitar protección internacional, que después se otorgaba sin resguardo acreditativo y para un año más tarde.
Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, al unísono que trasladaba a dicho departamento su preocupación por otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento.
En este sentido, a la Corporación le preocupa en especial –y de este modo se lo ha trasmitido a Interior- que se garantice el derecho que asiste a los demandantes de protección internacional de efectuar la entrevista en una dependencia adecuada y que el funcionario que la realice tenga la formación necesaria.
Por todo ello, y tal y como refleja el , el Defensor ha pedido que se revise con emergencia la colaboración de la Policía Nacional para encarar la gestión de las peticiones de asilo, en lo que se refiere a la asignación de citas anteriores, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación.
Para la Institución, el papel de la Policía Nacional ha resultado indispensable para abordar el fuerte incremento de solicitudes en un plazo muy corto de tiempo, pero esa cooperación que se planteó como algo puntual se está extendiendo en el tiempo, provocando esenciales disfunciones en el sistema.
Otra cuestión que suscita numerosas protestas se refiere a las contrariedades con las que se encuentran los extranjeros con necesidades de protección internacional, para poder formalizar su petición de asilo. Esa manifestación de voluntad tiene que realizarse en el plazo de un mes desde que se entra en España. Las largas demoras desde el instante en que se manifiesta la voluntad de solicitarlo hasta que finalmente se les cita para la entrevista motiva que los extranjeros cambien con frecuencia de provincia, buscando subsistir.
Las quejas que se reciben muestran que son abundantes los casos en los que, en la nueva provincia de residencia, no se respeta la lista de espera por lo que deben comenzar de nuevo toda la tramitación.
En este contexto, el Defensor del Pueblo se ha dirigido de oficio a la Fiscalía General del Estado para solicitar información sobre sobre las diligencias de investigación iniciadas tras el fallecimiento del ciudadano nicaragüense Eleazar Blandón, en Lorca (Murcia).
Se da la coyuntura de que esta persona, que falleció mientras que trabajaba como temporero en una explotación agrícola, habría manifestado su pretensión de pedir protección internacional frente a la Policía Nacional. No obstante, la demora existente en la asignación de citas le habría impedido formalizar la solicitud en tiempo y forma y, por ende, no había podido acceder al sistema nacional de acogida.
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